Autor: Mtro. Arturo Robles Grey

Nearshoring es la actividad de relocalizar empresas en países que por su situación geográfica, sean atractivos para establecer sus procesos productivos y con ello disminuir el precio de sus artículos o servicios.

El pasado día de los inocentes (28 de diciembre de 2023), como si de una broma se tratara, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estatizó o nacionalizó a la empresa Air Liquide, dueña de una planta de hidrógeno en Tula, para dársela a las Fuerzas Armadas.

El gobierno federal está desarrollando una estrategia de regreso a la nacionalización de ciertas actividades de la economía, cuya manifestación más preocupante es la apuesta por militarizar dichas tareas como ocurrió recientemente con la compra, gestión y  distribución de medicamentos y la operación de una línea aérea, ambos proyectos con
catastróficas consecuencias, mediante procesos turbios.

México no tiene experiencias positivas con la estatización de actividades económicas ni de ninguna índole, ya que han generado profundos costos económicos por ineficiencias y al desaherse de ellas, el pueblo de México vuelve a perder, ya que las valoran a costos sumamente bajos lo cual vuelve a ser corrupción.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador declaró de utilidad pública la conservación y prestación del servicio de suministro de hidrógeno, su uso, aprovechamiento, operación y explotación de la Planta Productora de Hidrógeno U-3400, ubicada en Tula de Allende, estado de Hidalgo.

En el mismo acto jurídico, ordenó la ocupación temporal inmediata a favor de Pemex Transformación Industrial como empresa productiva del Estado subsidiaria de Pemex.

Dicha planta era operada desde 2017 por Air Liquide (empresa francesa) que cumplía el compromiso de suministrar hidrógeno por 20 años a la instalación petrolera y reducir los costos de  Pemex.

El monto de la indemnización deberá cubrirse de conformidad con el avalúo que realice el Instituto  de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Si bien son acciones reguladas por la Ley de Expropiación que establece las causas de utilidad  pública, y regula los procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones, es de destacar  que este decreto no indica el plazo de ocupación temporal y es ambiguo en algunos aspectos, lo  que impide la posibilidad de calcular la
indemnización prevista en el artículo 2 Bis. de dicha legislación. 

El Poder Ejecutivo está obligado a acatar la Ley y actuar con responsabilidad, a agotar los mecanismos de diálogo  y negociación con empresas proveedoras, permisionarias, concesionarias o licitantes con las que  tenga diferencias, antes de realizar actos unilaterales como la ocupación o expropiación de bienes. 

Con estas acciones México está ahuyentando las inversiones y se muestra al mundo como un país gobernado mediante ocurrencias, dislates y sin un Estado de Derecho 

El adjetivo nearshor no le dice nada al Ejecutivo Federal, quien no alcanza a comprender las bondades de nuestra situación geográfica y la posibilidad enorme de que contemos con la relocalización de empresas que  atraigan a nuestro país sus procesos comerciales o productivos por la cercanía que tenemos con mercados importantes tanto al norte como al sur, lo cual les generará costos mas bajos.

No puede haber empresarios que viendo este tipo de acciones, deseen establecer sus inversiones en México, los riesgos son muchos y los ejemplos van en aumento, recordemos las instalaciones de Ferrosur de Grupo México de Germán Larrea, el cual fue tomado por personal armado de la Secretaría de Marina.

Estas son solo acciones que lejos de representar un acto de soberanía, se convierten en un preocupante  mensaje de arbitrariedad y un atentado a la seguridad jurídica. 

El decreto de ocupación (estatización) es una señal de alarma y consecuente miedo al mundo, porque deja de manifiesto  las ineficiencias de Pemex (que es actualmente
la petrolera más endeudada del orbe, con un  pasivo aproximado de 106 mil millones de dólares) y la debilidad del Estado de derecho en México, en el que de manera discrecional, las autoridades pueden hacerse de empresas e inversiones privadas por una sencilla ocurrencia.

De nada sirve a los mexicanos que el dólar llegue a costar 16 pesos, nos hemos visto afectados por este «logro».

Inflación es el aumento de los precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo, lo que es lo mismo, ver como nuestro dinero cada vez compra menos cosas.
Esto es, cuando la inflación sube, nuestro salario nos alcanza cada vez para adquirir menos artículos para el sustento de nuestra familia.

Recordemos cuando en 2019  la gasolina iba a bajar a 10 pesos, cuando se iba a acabar la corrupción; cuando por decreto íbamos a ser felices y ya no habría violencia en México; cuando se nos dijo que se mantendrían las estancias infantiles, pero después siempre no; se iba a garantizar la salud de todos los mexicanos, y desapareció el Seguro Popular y se creó el INSABI, y ahora también ya lo desapareció para unirlo al IMSS, el cual no tiene ni pies, ni cabeza; en ese año 2019  la inflación fue de 2.83; en el año 2020 de 3.15; en el 2021 de 7.36; en el 2022 la inflación aumentó a 7.82 y a diciembre de 2023, la inflación estaba en 5 puntos.

De octubre 2018 a octubre 2023, se registra una inflación acumulada de 28.75% en México.

Productos como el azúcar, café, huevo, sopa, frijol, arroz, lenteja, han registrado incrementos de más del 70 por ciento y en algunos casos de más del 100 por ciento.

Una canasta de 22 productos, que en noviembre de 2018 tenía un costo de 697 pesos, para diciembre de 2023, alcanzó los mil 270 pesos, es decir un incremento del 82 por ciento.

El Ejecutivo Federal ha elogiado como un importante logro, el precio del dólar frente al peso sin embargo, debo enfatizar que esto ha sido a costa de los bolsillos de los mexicanos en virtud de que para lograr la “apreciación del peso”, el Ejecutivo Federal ha mantenido una elevada tasa de interés que encarece el crédito a las empresas, las familias y a quienes tienen deudas. Por lo tanto logro no es.

En 2018 podíamos comprar una canasta como la que mencioné antes en 34.27 dólares y hoy por la misma pagamos 73.15 dólares, es decir 113.45 por ciento más, entonces es muy sencillo ¿de que nos sirve a los mexicanos que el dólar baje a 16 pesos, si los artículos indispensables para nuestra vida diaria han aumentado casi al 100%.

SEGALMEX, Seguridad Alimentaria Mexicana, fue creada para garantizar que los alimentos de la canasta básica estuvieran en los hogares de todos los mexicanos, pero a menos de 3 años de haberla creado tuvo un desfalco de 15 mil millones de pesos, y tan solo han detenido a un chivo expiatorio, mientras que el principal actor en este fraude ha sido defendido por el Ejecutivo Federal, refiriendo que lo sorprendieron, que lo “chamaquearon”, ¿a su edad? Si Ignacio Ovalle tiene 78 años, no puede ser tan cretino e insensato, después de haber sido secretario particular de un Presidente de la República, Embajador en Argentina y en Cuba, director general de la CONASUPO, diputado federal y después de descubierto el robo en SEGALMEX, fue premiado nombrándolo Coordinador Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, sea lo que esto signifique; sin que se encuentre como principal indiciado de este megafraude. ¿Pues qué no se había acabado la corrupción?.

Los precios de los alimentos han aumentado de una manera exorbitante, el Gobierno de México tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria; han pasado cinco años de este gobierno, ya no lo logró, es más ni siquiera lo intentó. Por favor no creamos que estos lerdos, ineptos, inservibles y mastuerzo van a poder sacarnos de la ruina a donde nos han traído.

Si 2024 será complicado, nos vemos en el 2025 que no tendrá nombre, eso se los puedo asegurar.

Mtro. Arturo Robles Grey
Ex Administrador del Servicio de Administración Tributaria.

El Congreso del Estado de Jalisco, anunció la creación del Servicio Estatal Tributario, no serán creados nuevos impuestos y se espera que se incremente la recaudación en beneficio de los Jaliscienses.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en la fracción IV del articulo 31,  que “es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Para ello, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público y de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, entre otras diversas actividades.

Los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, lo que significa que los tributos deben establecerse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos ingresos.

La proporcionalidad tributaria se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes, la cual debe ser gravada en forma diferenciada, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino también en lo que se refiere al mayor o menor sacrificio.

De dicha postura pueden desprenderse dos aspectos fundamentales, por una parte, el de la capacidad contributiva y por la otra, el de la capacidad económica, los cuales no deben tomarse como sinónimos, ya que representan cuestiones diversas.

La capacidad contributiva depende del hecho de que el contribuyente se ubique o no en la hipótesis normativa que prevé la ley, pues no será hasta el momento mismo en que se materialice la manifestación de riqueza que gravó el legislador, cuando se cause el impuesto; es decir, se trata de una ficción jurídica que se previó a efecto de que los gobernados contribuyan al gasto público; mientras que la capacidad económica surge más de la realidad, esto es, de una manifestación fáctica que le permite tener a la persona un ingreso, una utilidad o un rendimiento que pudo haber sido gravada o no.

Todo lo anterior, lo comento en virtud de que desde finales del 2021, el Gobierno del Estado de Jalisco (México), realizó una costosa consulta ciudadana sobre el pacto fiscal entre Jalisco y la Federación, la cual no alcanzó la participación suficiente para que la decisión fuera vinculante y que el gobierno del estado pidiera al gobierno federal un nuevo Convenio de Coordinación Fiscal.

Tras conocer los pobres resultados de aquella consulta ciudadana, el Gobernador del Estado, solicitó a la Junta de Coordinación Política del Congreso Local para que, tanto el Poder Legislativo como los Ayuntamientos de Jalisco aprobaran la reforma a la Constitución Política del Estado e iniciar la conformación del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de Jalisco.

El pasado 28 de abril de 2023, la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco, anunció la creación del nuevo Servicio Estatal Tributario (SET), así como hacer un exhorto al Gobernador del Estado para que gestione ante el Ejecutivo Federal modificaciones al Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Los Diputados de la Comisión, argumentaron que el objetivo, es garantizar un trato justo para Jalisco y que el dinero de los jaliscienses sea destinado a atender sus necesidades.

Es muy importante que en un siguiente paso, se haga una campaña para actualizar el domicilio fiscal de las empresas que producen en Jalisco y establecer con ello el tamaño real de la economía del estado, ya que muchos de esos grandes contribuyentes, gozan de las bondades de nuestro Estado, pero tributan en la CDMX, al tener su domcilio allá.

En la actualidad existen 7 estados que cuentan con su propio sistema de administración tributaria son Baja California, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán.

Es positivo contar con esa función fiscalizadora y tributaria, ya que se incrementará la recaudación, sin la necesidad de establecer nuevos impuestos, pudiendo cristalizarse esto, en mejoras de servicios y obras para la población.

Es fundamental que quienes integren ese nuevo esquema de gobierno, cuenten con los principios de legalidad, honradez, eficiencia, emoción social y respeto, debiendo destacar la experiencia esto es, que conozcan la enome responsabilidad de recaudar impuestos y que entiendan su función; no puedo dejar de mencionar que  el SAT, tuvo como Jefe máximo a un Ingeniero Mecánico Electricista.

En este nuevo Servicio Estatal Tributario (SET), no puede haber errores para conformarlo,  ya que se deben documentar las buenas prácticas obtendidas a través de más de 25 años de haber sido creado el SAT; así como los éxitos y errores que pudieron haberse cometido en los otros siete estados que cuentan con su Organo Tributario; además no solo describir los buenos resultados conseguidos, sino revisar cómo y por qué las actividades tuvieron éxito. Se trata de un proceso fundamental que contribuirá a que Jalisco, conozca los factores claves de éxito y la manera de replicar la buena práctica en su propio contexto, consiguiendo un resultado óptimo desde la creación de dicha instancia fiscalizadora.

El actual Convenio de Colaboración Fiscal con la Federación, es injusto, ya que no cuenta con un principio medular que es la proporcionalidad.

Arturo Robles Grey
Maestro en Derecho y Ex-Administrador Jurídico del SAT.